"Tras una maniobra sin precedentes y orquestada por el Gobierno regional, los grupos del PP, PRC y PSOE en el Parlamento de Cantabria y los ayuntamientos condenados por otorgar licencias de obra ilegales, el Boletín Oficial de Cantabria ha publicado el 13 de agosto la denominada “Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo”, pero que todos sabemos que debiera llamarse “Ley para impedir la ejecución de las sentencias firmes de derribo”, o quizás “Ley para garantizar la impunidad a la clase política de Cantabria en materia urbanística”.Como no podía ser de otra manera la exposición de motivos de esta Ley es un ejemplo de hipocresía y travestismo jurídico, en el que para ocultar que se pretende una serie de cambios legales dirigidos a impedir la ejecución de las sentencias de derribo, se invoca unos pretendidos objetivos de interés general como son incrementar la seguridad jurídica, estimular la adaptación de los planeamientos al Plan de Ordenación del Litoral POL o dotar de transparencia al urbanismo de Cantabria.¿Incrementar la seguridad jurídica? ¿Adaptar los planeamientos al POL? ¿Dotar de transparencia al urbanismo? ¿Cómo es posible que se enfunden en estos principios quienes se dedican a violarlos de forma sistemática y para hacer exactamente todo lo contrario?Porque, tras las palabras bonitas de la exposición de motivos, la verdad se revela con toda crudeza en el texto articulado de la Ley, con el contenido de los cambios aprobados, que van dirigidos a permitir que durante los próximos diez meses los ayuntamientos costeros puedan modificar sus planeamientos municipales para autorizar la construcción de urbanizaciones dentro del Área de Protección del POL y a eliminar de un plumazo la concepción del paisaje como un bien a proteger en la Ley del Suelo, vulnerando de forma flagrante el Convenio Europeo del Paisaje firmado por España.Con estos cambios legales se pretende dar cobertura “ad hoc” a una serie de modificaciones puntuales para conceder nuevas licencias de obra que sustituyan a las declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia. Estamos, por tanto, ante un genuino fraude de ley que impone una decisión esencialmente arbitraria, que destruye la vigencia del Estado de Derecho en Cantabria y que rompe con el principio universalmente reconocido de tutela judicial efectiva.Pero digámoslo aun más claro, estamos ante un golpe antidemocrático y ante una norma de excepción para validar la violación de la legalidad perpetrada por una determinada clase política que defiende sus propios intereses frente al del conjunto de la ciudadanía.¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues no es fácil enfrentarse a tan complejo y poderoso frente de intereses (gobierno, parlamento, ayuntamientos, constructores, algunos medios de comunicación, etc.) pero hay que seguir confiando en los Tribunales de Justicia y en que la denuncia formulada por ARCA ante el Parlamento Europeo (con el apoyo de Greenpeace) por violación del principio de tutela judicial efectiva sirva para algo, aunque hay que dar por descontado que el PP y el PSOE estarán movilizando a sus eurodiputados para impedirlo."
