El Pleno de la Corporación municipal de Piélagos aprobó esta mañana con los votos a favor del PP, el PRC y AVIP, en contra de los tres concejales del PSOE y con la abstención del concejal Luis Solórzano Woudsma, la moción en la que se requiere al Gobierno y al Parlamento de Cantabria para acometer urgentemente una modificación de la Ley del Suelo de Cantabria con el objetivo de “garantizar la seguridad jurídica en Cantabria”, tal y como aseguró el alcalde.
El acuerdo de la resolución de la moción, que fue presentada inicialmente por el grupo popular, propone textualmente.“Requerir al Gobierno y al Parlamento de Cantabria para que, en el ejercicio de sus competencias legales, acometan, urgentemente, una modificación de la Ley 2/ 2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, por la que se reconozca la situación de las edificaciones cuyo derecho se encuentre ya incorporado al patrimonio de sus titulares, que se integren en unidades geográficas homogéneas, cuenten con los servicios necesarios y suficientes y que sean incompatibles con el planeamiento, atribuyéndoles una situación legal o equiparable al de ‘fuera de ordenación’ con reconocimiento de derecho indemnizatorio por la diferencia de valor que el reconocimiento de esta situación comporta; o bien, en los supuestos en que así sea posible y cuando los terrenos no cumplan los requisitos de suelo urbano, sea admisible su clasificación o reclasificarse como suelo urbanizable, desarrollándose mediante el correspondiente plan parcial o especial, regulándose la participación en los costes de urbanización o bien, en caso contrario, se reconozca una situación legal de fuera de ordenación con derecho indemnizatorio”.
En la exposición de motivos se recuerda que a la vista de la situación actual, en la que el Ayuntamiento de Piélagos debe acometer, de forma inminente, en cumplimiento de los Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la demolición de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II de Liencres, y en consideración a la misma situación en la que se encuentran otros municipios de la región, “se propone a todos los partidos políticos que manifiesten un firme compromiso de aunar esfuerzos tendentes a garantizar la conservación de los derechos adquiridos y patrimonial izados de que disponen los ciudadanos, derivados de la actuación conjunta de las Administraciones.
El acuerdo de la resolución de la moción, que fue presentada inicialmente por el grupo popular, propone textualmente.“Requerir al Gobierno y al Parlamento de Cantabria para que, en el ejercicio de sus competencias legales, acometan, urgentemente, una modificación de la Ley 2/ 2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Suelo de Cantabria, por la que se reconozca la situación de las edificaciones cuyo derecho se encuentre ya incorporado al patrimonio de sus titulares, que se integren en unidades geográficas homogéneas, cuenten con los servicios necesarios y suficientes y que sean incompatibles con el planeamiento, atribuyéndoles una situación legal o equiparable al de ‘fuera de ordenación’ con reconocimiento de derecho indemnizatorio por la diferencia de valor que el reconocimiento de esta situación comporta; o bien, en los supuestos en que así sea posible y cuando los terrenos no cumplan los requisitos de suelo urbano, sea admisible su clasificación o reclasificarse como suelo urbanizable, desarrollándose mediante el correspondiente plan parcial o especial, regulándose la participación en los costes de urbanización o bien, en caso contrario, se reconozca una situación legal de fuera de ordenación con derecho indemnizatorio”.
En la exposición de motivos se recuerda que a la vista de la situación actual, en la que el Ayuntamiento de Piélagos debe acometer, de forma inminente, en cumplimiento de los Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la demolición de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II de Liencres, y en consideración a la misma situación en la que se encuentran otros municipios de la región, “se propone a todos los partidos políticos que manifiesten un firme compromiso de aunar esfuerzos tendentes a garantizar la conservación de los derechos adquiridos y patrimonial izados de que disponen los ciudadanos, derivados de la actuación conjunta de las Administraciones.
El concejal Luis Solórzano dudo en el Pleno Extraordinario de la legalidad de esta iniciativa, ya que se estaba instando al Gobierno Regional y al Parlamento a cometer un acto posiblemente de prevaricación
