El drama humano de los derribos en Cantabria se ha convertido en una gran ópera bufa en la que nuestra casta política intenta desesperadamente, ocultar que lo que menos que han pillado ha sido una tortícolis crónica de tanto mirar hacia otra parte. Utilizando a sus víctimas como rehenes no tienen reparo en forzar los mecanismos de la democracia para sabotear lo que la realidad y los dictámenes del poder judicial están evidenciando. Mientras tanto, mucho dinero ganado ilícitamente a costa de todos se esconde en remotas cuentas bancarias, cuyos propietarios nunca conoceremos. Pero eso, al final, qué importa: los ciudadanos de a pie pagamos. Pagamos los sueldos mal ganados de los políticos y los de los jueces que valientemente mantienen su independencia ante una campaña de opinión orquestada en su contra. Pagamos a los equipos jurídicos de ayuntamientos y gobierno que trabajan para resolver los males que ellos mismos han provocado, como pagaremos los derribos y las reconstrucciones ambientales, y las justas indemnizaciones a aquellos que de buena fe compraron sus viviendas.
¿Por qué tiene que haber leyes o normas especiales para exonerar a unos pocos de su responsabilidad?
¿Quiénes son las víctimas y quiénes los verdugos?
