Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento adoptó el día 12 de noviembre una resolución en la que, «considerando las irregularidades cometidas en la zona», concedía a los propietarios de estos dos terrenos (las parcelas 189 y 191 del polígono 24 de Liencres) un mes de plazo «para que procedan a la retirada de los módulos prefabricados ubicados en las referidas parcelas, así como a la reposición inicial del terreno, previo al movimiento de tierras, y a la retirada de los cierres ejecutados con troncos y alambres de espino».
Además, en el documento se advertía a los interesados que de no cumplirse con lo ordenado, «se procederá a la ejecución subsidiaria del acuerdo a su costa, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas, reiterables en periodos de tres meses, hasta un máximo de diez, y por un importe cada una de ellas del 10% del coste estimado de las obras realizadas».
Dado que se trataba de una infracción supuestamente cometida dentro de un área de protección del POL, el Ayuntamiento trasladó la competencia a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, departamento encargado de tramitar ahora el expediente sancionador y de imponer las correspondientes multas en el caso de que los causantes no atiendan a su obligación de restaurar el entorno en los términos ordenados. Las multas podrían oscilar entre los 30.000 y los 300.000 euros."