El Ayuntamiento de Piélagos ha abierto un expediente sancionador a los propietarios de sendas parcelas en el Monte La Picota que, al parecer, están ejecutando una serie de obras en sus terrenos sin autorización municipal. Las fincas se encuentran en suelo no urbanizable genérico dentro del Área de Protección de Interés Paisajístico del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Los afectados, que han removido tierras e instalado módulos prefabricados, podrían recibir una sanción de hasta 300.000 euros.
Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento adoptó el día 12 de noviembre una resolución en la que, «considerando las irregularidades cometidas en la zona», concedía a los propietarios de estos dos terrenos (las parcelas 189 y 191 del polígono 24 de Liencres) un mes de plazo «para que procedan a la retirada de los módulos prefabricados ubicados en las referidas parcelas, así como a la reposición inicial del terreno, previo al movimiento de tierras, y a la retirada de los cierres ejecutados con troncos y alambres de espino».
Además, en el documento se advertía a los interesados que de no cumplirse con lo ordenado, «se procederá a la ejecución subsidiaria del acuerdo a su costa, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas, reiterables en periodos de tres meses, hasta un máximo de diez, y por un importe cada una de ellas del 10% del coste estimado de las obras realizadas».
Dado que se trataba de una infracción supuestamente cometida dentro de un área de protección del POL, el Ayuntamiento trasladó la competencia a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, departamento encargado de tramitar ahora el expediente sancionador y de imponer las correspondientes multas en el caso de que los causantes no atiendan a su obligación de restaurar el entorno en los términos ordenados. Las multas podrían oscilar entre los 30.000 y los 300.000 euros."
Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento adoptó el día 12 de noviembre una resolución en la que, «considerando las irregularidades cometidas en la zona», concedía a los propietarios de estos dos terrenos (las parcelas 189 y 191 del polígono 24 de Liencres) un mes de plazo «para que procedan a la retirada de los módulos prefabricados ubicados en las referidas parcelas, así como a la reposición inicial del terreno, previo al movimiento de tierras, y a la retirada de los cierres ejecutados con troncos y alambres de espino».
Además, en el documento se advertía a los interesados que de no cumplirse con lo ordenado, «se procederá a la ejecución subsidiaria del acuerdo a su costa, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas, reiterables en periodos de tres meses, hasta un máximo de diez, y por un importe cada una de ellas del 10% del coste estimado de las obras realizadas».
Dado que se trataba de una infracción supuestamente cometida dentro de un área de protección del POL, el Ayuntamiento trasladó la competencia a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, departamento encargado de tramitar ahora el expediente sancionador y de imponer las correspondientes multas en el caso de que los causantes no atiendan a su obligación de restaurar el entorno en los términos ordenados. Las multas podrían oscilar entre los 30.000 y los 300.000 euros."