
ARCA ya explicó en su momento que la modificación de la Ley del Suelo, aprobada por unanimidad en 2010, incluía un artículo “ad hoc” para intentar legalizar las urbanizaciones de Cerrias, y advierte que la próxima intentona será derogar el PORN del Parque Natural de las Marismas de Santoña.
Además todos estos ataques al Estado de Derecho tienen como único objetivo proteger a los responsables políticos del desastre urbanístico que sufre Cantabria y mantener el modelo de especulación que encabezan los Ayuntamientos. Prueba de ello es que ni un solo alcalde o consejero ha dimitido o ha sido cesado tras ninguna sentencia de orden urbanístico, por muchos daños ambientales, económicos o sociales que haya provocado.