"El Ayuntamiento de Piélagos ha desestimado el recurso que habían presentado los propietarios de dos parcelas ubicadas en el monte de La Picota contra la Resolución de Alcaldía que ordenaba la retirada de los dos módulos prefabricados que habían instalado allí -al encontrarse ambos terrenos en una zona protegida- y ha dado un plazo de un mes para que los dueños se los lleven y repongan el suelo a su estado original.Se trata del último paso en un conflicto que tiene su origen en septiembre de 2009, cuando la asociación ecologista ARCA y la Agrupación Independiente de los Pueblos de Piélagos (AIPP) interpusieron sendas demandas en el Ayuntamiento de Piélagos, las consejerías de Cultura, Urbanismo y Ganadería y el cuartel de la Guardia Civil, contra los dueños de dos parcelas ubicadas en el monte de La Picota -ambas dentro de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) e incluidas en el POL y el PORN- que habían instalado dos módulos prefabricados y removido las tierras de sus terrenos.
Tal y como publicó posteriormente este periódico, el Ayuntamiento ordenó en noviembre a los propietarios de esas dos parcelas la inmediata retirada de los módulos y la reposición del suelo a su estado original «considerando las irregularidades cometidas en la zona». Entienden que dichas acciones fueron realizadas de forma «ilegal» y sin ninguna autorización, dado que se encuentran en suelo no urbanizable genérico dentro del Área de Protección de Interés Paisajístico del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y en un área declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, en aquella resolución se advertía a los interesados que, de no cumplirse con lo ordenado, «se procederá a la ejecución subsidiaria del acuerdo a su costa, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas, reiterables en periodos de tres meses, hasta un máximo de diez, y por un importe cada una de ellas del 10% del coste estimado de las obras realizadas».
Recurso desestimado
Disconformes con aquella resolución, los propietarios decidieron interponer un recurso al que, ahora, el Ayuntamiento responde ratificándose en lo dicho. La instalación de los dos módulos prefabricados no es legal, por lo que los dueños deberán retirarlas en el plazo de un mes, sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas.
La decisión, que el Consistorio trasladará a los propietarios en los próximos días, será puesta en conocimiento también de las partes demandantes -ARCA y AIPP-, así como del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cantabria, de la Consejería de Obras Públicas e, incluso, del Ministerio Fiscal con el objeto de depurar las posibles responsabilidades penales en que pudieran incurrir los propietarios de las fincas en el supuesto caso de que no acataran esta resolución"
