"El Gobierno regional habilitará partidas todos los años para afrontar las indemnizaciones y los posibles derribos; no habrá ninguna demolición sin que sus propietarios sean indemnizados o sin que se les ofrezca otra vivienda a cambio, tal y como el Ejecutivo ha comunicado ya a los primeros afectados; todo se hará dentro del respeto y cumplimi
ento de las resoluciones judiciales. Son los principios rectores del Plan de Derribos presentado ayer públicamente por el presidente regional, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández. Un plan que, a priori, prevé el derribo de 150 viviendas, incluidas las 42 ya tiradas en La Arena, de las 621 que recoge. Unos derribos programados de forma escalonada que incluyen en cada ejercicio un «número razonable», mientras se estudian otras alternativas para el resto de casos.Para esas viviendas a las que el Gobierno sí ve una salida se plantean posibles soluciones de legalización que implican trámites administrativos y de planeamiento urbanístico que comenzarán a abordarse de forma inmediata. Podrían estar concluidos en 2014, según las fechas que maneja el Gobierno.
Los tramites de responsabilidad patrimonial necesarios para abonar las indemnizaciones empezarán en 2012, en cuyos presupuestos ya se incluirán entre 3 y 5 millones de euros. No obstante, Diego y Fernández insistieron ayer una y otra vez en que la última palabra la tienen los órganos judiciales. Por ello el calendario se podría ampliar si los jueces deciden que las soluciones propuestas por el Gobierno no son válidas y hay que afrontar nuevos derribos.
Ahora la Administración se personará en cada procedimiento para plantear su propuesta a cada caso concreto. Aportará «razones sólidas», porque cada derribo que se evite será beneficioso para las familias afectadas y para el conjunto de los cántabros por el ahorro que supondrá, indicó Diego.
Esas propuestas pasan por dos vías, bien la petición de una nueva licencia, tutelado por el juzgado, o bien la modificación de los instrumentos de planeamiento. Se trata de casos en los que si se derriban las viviendas se podrían construir otras iguales o dónde el impacto paisajístico ha desparecido por haber nuevas construcciones. En otros casos son excesos de volumetría que podrían solventarse derribando sólo una parte.
De las 150 viviendas para las que no se vislumbra ninguna solución legal, entre ellas las 102 de La Arena, se encuentran buena parte en zona de dominio público. Se trata de 17 viviendas de Cerrias I y II en Piélagos, y entre 15 y 30 en Argoños. Aquí no se fija un número determinado porque dependerá de qué parte de las urbanizaciones puede legalizarse y qué parte no. Para las que se tiren el Gobierno prevé o indemnización o la entrega de una vivienda de reemplazo, trasmites que se harían entre 2015 y 2017.
Apoyo de los ayuntamientos
Ignacio Diego insistió en el apoyo recibido de los ayuntamientos afectados, todos ellos gobernados por el PP, (Arnuero, Argoños, Escalante, Piélagos, Miengo y San Vicente de la Barquera) y el respeto a las partes implicadas y a los órganos judiciales. Más rotundo fue el consejero de Medio Ambiente, quien recordó que el Gobierno no aparece condenado en ninguna de las sentencias, lo que le sirvió al anterior Ejecutivo para seguir «la política del avestruz». Frente a ello, explicó que Diego ordenó «dar un paso al frente» y asumir la responsabilidad de solucionar el problema. «Cuando nos incorporamos al Gobierno las piquetas estaban a las puertas de las viviendas, el anterior no había hecho ese ejercicio de asunción de responsabilidades».
Diego resumió ayer en cuatro puntos las líneas del plan que han marcado la diferencia: cumplimiento efectivo con el objetivo último, que es la ejecución de las sentencias respetando los derechos de todas las partes; dar cumplimiento a la Ley 2/2011 que obliga a indemnizar a los afectados antes del derribo; estudios individualizados de cada supuesto para que los órganos judiciales determinen si existe o no imposibilidad jurídica para ejecutar esas sentencias; y, finalmente, planificación financiera y presupuestaria de los medios económicos que las diferentes administraciones deben destinar a los derribos y a las indemnizaciones.
Reacciones de los partidos
Publicado el documento, los partidos se posicionaron. El PP mostró su satisfacción porque el plan «evidencia que con rigor es posible dar verdaderas soluciones» en vez de «escurrir el bulto como hizo el Gobierno de Revilla». El PRC, a la espera de conocer en profundidad el plan, comparte «totalmente» sus principios y recuerda que el Ejecutivo del PP tenía «todo el trabajo» previo hecho. A su juicio, se «demuestra» que la normativa aprobada en la anterior legislatura era «necesaria y correcta», al haber servido de «base» al plan. El PSC-PSOE, recordó que «no fue parte del problema» de los derribos en Cantabria pero sí fue «parte activa de la solución» en referencia a la Ley de Derribos aprobada por unanimidad en el Parlamento. Confió en que el PP cumpla con su compromiso de establecer anticipos."
